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| Los detenidos de Megaupload en comisaría |
20/01/2012 Por Mario S. Guillén
Megaupload y Megavideo (uno para descargas, otro para streaming) tenían unos 150 millones de usuarios de pago. Esto es, personas que habían abonado una cuota para poder acceder a las cuentas premium de Megaupload (te permite una velocidad más rápida de descarga y prioridad frente a otros usuarios) o de Megavideo (para ver películas, por ejemplo, sin el famoso límite de 72 minutos). Normalmente a cambio de 60 euros al año o con la posibilidad de una cuenta vitalicia por 200.
Estos usuarios no han sido tenidos en cuenta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU), que por el momento no se ha pronunciado respecto a qué pasará con los datos almacenados en la nube y con el dinero pagado por un servicio que en principio no era ilegal. Megaupload y Megavideo, como todo el conglomerado intervenido por EEUU --y en el que también se incluyen páginas de pornografía-- tienen sede física en Hong Kong. Allí deberían dirigirse las reclamaciones de los afectados.
Situación confusa
María Angeles García, abogada de ARAG, asegura que un afectado debería "reclamar frente al responsable de la página, la persona con la que han contratado, mirando el aviso legal en el que se indica la empresa con la que se contrata, el CIF y su razón social". Al ser en este caso una empresa radicada en un lugar como Hong Kong, "donde a lo mejor las leyes de propiedad intelectual son diferentes y las actividades supuestamente delictivas no lo son", se añade complejidad a la situación.
No existe, además, posibilidad de actuar con un representante en España o Europa, por lo que si la única razón social está en la excolonia británica en China, hay que dirigirse hacia allí.
Para que se pueda alegar una estafa hay que demostrar que existía conocimiento de la irregularidad y que aún así la empresa (en este caso Megavideo y Megaupload) siguió con su conducta. También deberá de valorarse si la persona que realizó el contrato estaba al corriente de que contrataba una actividad alegal o ilegal, lo cual restaría fuerza a sus razones jurídicas. En cualquier caso sería mejor formar un grupo de afectados para realizar una demanda conjunta que intentarlo mediante demandas individuales.
Contra el FBI
Otras fuentes aseguran que una segunda opción sería actuar legalmente contra el FBI, el organismo que ha cerrado Megaupload y Megavideo. En este caso podrían demandar aquellos usuarios que hayan perdido contenidos propios que tenían almacenados en la nube y que consideren que se los han hecho desaparecer sin consentimiento.
Una demanda contra el FBI, aseguran estas mismas fuentes, sería un proceso jurídico tanto o más complicado que la búsqueda de responsabilidad civil en Hong Kong.